Nuestra Coordinadora General Esperanza Gómez, denuncia, además, que los profesionales técnicos de integración social (PTIS) tienen que lidiar con una situación laboral inestable, a través de empresas externas y con jornadas cada vez más reducidas.
Esperanza Gómez exige al consejero de Educación, Javier Imbroda, que establezca una ratio de PT (especialistas en pedagogía terapéutica) y AL (audición y lenguaje) semejante a la de otras comunidades, como por ejemplo Murcia, donde hay un profesional por cada 8 alumnos o alumnas con NEE (Necesidades Educativas Especiales), mientras que en Andalucía puede haber 30/40 menores por especialista, ya que dicha ratio no está legislada.
Dicha exigencia ha surgido tras varios encuentros entre la coordinadora, acompañada por el grupo de Educación del partido, y la Asociación Nuestros Pequeños Guerreros, para conocer la “lamentable” situación con la que deben lidiar las familias con menores con necesidades educativas especiales debido a la falta de personal específico que el gobierno de la Junta mantiene en los centros educativos.
De hecho, durante la reunión, las familias lamentaron que, además de haber sido las grandes olvidadas durante el confinamiento del pasado año, lo siguieron siendo el curso pasado con un apoyo COVID “ínfimo”, solo 30 plazas, entre PT y AL para toda Andalucía y este año la situación está “muy lejos de mejorar”, después de que la Junta declarase a las PTIS como un servicio complementario.
“Esta asistencia es esencial en el día a día del alumnado con necesidades educativas especiales, pero el consejero de Educación, Javier Imbroda, además de mantener ese servicio externalizado y con jornadas parciales, ahora lo califica como complementario, dejando a la educación pública sin apenas recursos para que estas niñas y niños se eduquen dentro de los principios de la inclusión”, sostiene Gómez.
En ese sentido, las familias de la asociación transmitieron a la coordinadora general y a su equipo su frustración al verse, en bastantes ocasiones, obligadas a cambiar de centro a sus hijas e hijos, ante la falta o nulidad de recursos existentes en el colegio público más cercano a su domicilio, por lo que el derecho a la elección del centro se incumple.
En ese sentido, las familias de la asociación transmitieron a la coordinadora general y a su equipo su frustración al verse, en bastantes ocasiones, obligadas a cambiar de centro a sus hijas e hijos, ante la falta o nulidad de recursos existentes en el colegio público más cercano a su domicilio, por lo que el derecho a la elección del centro se incumple.
En esta línea, Más País también quiere poner de manifiesto las constantes quejas de los orientadores de centros escolares que ven como su labor se ve sobrepasada al tener que atender a más de 1000 alumnas y alumnos, “mientras la Unión Europea establece una ratio de 250 menores por orientador”.