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Exigimos la apertura de los centros de Atención Primaria y la presencialidad de las consultas médicas

Nuestra Coordinadora General y coportavoz federal de Más País, Esperanza Gómez, considera “inexplicable que continúen cerrados o bajo mínimos una enorme cantidad de centros de atención primaria y que no se vuelva a la normalidad en cuanto a la presencialidad de la asistencia médica”.

Nuestra máxima responsable ha denunciado “la extrema debilidad que vive la sanidad pública andaluza y la situación límite que sufren sus servicios básicos y trabajadores, algo que repercute directamente en el menoscabo de la calidad de la sanidad que los ciudadanos/as reciben”.

A juicio de Esperanza Gómez “que en situación de pandemia este deterioro esté alentado y fomentado desde el Gobierno de la Junta de Andalucía sólo se puede explicar si son intereses económicos y de beneficio del sector privado los que están detrás de las decisiones del ejecutivo andaluz”.

La coportavoz federal de Más País considera que “miles de familias andaluzas en situación de vulnerabilidad y que no tienen recursos para recurrir a seguros privados, enfermos crónicos o aquellos que desarrollan nuevas patologías, están viendo afectados sus derechos básicos de atención en un momento en el que un trabajo adecuado de los sanitarios y el uso racional de los recursos públicos es imprescindible: muchas dolencias no son identificadas a tiempo y la evolución de muchos crónicos ha empeorado notablemente en este año y medio”.

“Ya que la Junta de Andalucía, en lugar de defender y fomentar la calidad de su propio sistema sanitario hace delación de funciones, nos lleva a elevar a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y presentar en los consistorios mociones que obliguen a la administración autonómica a prestar los servicios que define su propia Ley sanitaria”.

Esperanza Gómez insiste en que “la saturación de algunos servicios, las largas listas de espera en las especialidades o las deficiencias en la atención primaria, son denunciables al ser flagrantes incumplimientos de las obligaciones legales que recaen en la administración sobre la cobertura sanitaria de la población”.

 

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