La portavoz adjunta de la coalición progresista, Esperanza Gómez, ha mantenido una reunión con el Presidente del Colegio de Enfermeros de Sevilla, Víctor Bohórquez, en la que analizado la realidad y necesidades que atraviesan las enfermeras/os y el resto de profesionales sanitarios y la “falta de financiación del sistema público de salud”.
La presidenta de Más País Andalucía y portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha expresado la preocupación de la coalición por “la precariedad e incertidumbre en las que desarrollan su labor los sanitarios andaluces derivadas de la falta de inversión y de previsión por parte de la Junta de Andalucía, más volcada en beneficiar la sanidad privada antes que el sistema público”.
Ha recordado la diputada andaluza por Sevilla que para 2023 “el Partido Popular ha presupuestado un gasto sanitario de 1629 € por andaluz contra los 1822 € por habitante de promedio en España, un 12% inferior a la media y un 23% menos de lo que destina la comunidad con mejor inversión, lo que mantendrá a la sanidad andaluza a la cola de las CCAA, tan sólo con Murcia y Madrid, verdaderos modelos de Moreno Bonilla, con ratios parecidos”.
Además, denuncia Esperanza Gómez, “el mantra del aumento de la inversión en sanidad que enarbola el Gobierno de Andalucía encierra una trampa porque es debido a las partidas excepcionales que la Unión Europea ha destinado a algunas líneas relacionadas con la sanidad por lo que todas las CCAA han aumentado su presupuesto sanitario, a pesar de lo cuál sigue siendo suficiente para sortear los problemas de financiación del Servicio Andaluz de Salud”.
La responsable de Más País Andalucía avisa de que “de no prosperar las enmiendas presentadas de Por Andalucía al presupuesto, el refuerzo laboral necesario de enfermeras y resto de sanitarios, que son los que realizan el mayor esfuerzo, será imposible; la mejora en la atención primaria o la salud mental no se atenderá debidamente; no se acabará con las listas de espera en determinadas especialidades; ni se reforzará las estructuras profesionales de prevención, protección y promoción de la salud entre la ciudadanía”.
Para Gómez es “evidente” que la intención de “privatizar o derivar servicios a la privada planea sobre toda la gestión económica de nuestro sistema de salud” porque no deja de aumentar ese gasto en detrimento de las partidas para reforzar los recursos propios, algo que “preocupa cada vez más a grupos políticos, agentes sociales, entidades colegiadas y al resto de la población”.
En definitiva, y en estas circunstancias, nuestros profesionales “emigran a otras comunidades autónomas al encontrar mejores condiciones, mayor estabilidad y más oportunidades laborales, y la salud de los andaluces y andaluzas se seguirá deteriorando si no conseguimos cambiar las tendencias de inversión entre todos los actores implicados”.