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Reclamaremos que se aplique el recargo del 150% del IBI a las viviendas vacías y dotar a los Ayuntamientos de “oficinas y gestores de acceso a la vivienda”

A juicio de nuestra Coordinadora General, Esperanza Gómez, la “actitud ausente de Moreno Bonilla con respecto a la Ley de la Vivienda del Gobierno central es  irresponsable y muestra que su ejecutivo, con una política de vivienda pública inexistente, no vive la misma realidad que la mayoría del pueblo andaluz”.

La también portavoz federal de Más País ha anunciado que su partido “propondrá una serie de medidas que desde las administraciones local y autonómica refuercen el calado de una Ley que si bien es importante como primer paso no llegará a todas las familias y jóvenes que lo necesitan sin complementos normativos y un refuerzo en el desarrollo de la misma desde otros ámbitos”.

Entre otras cosas, Esperanza Gómez ha destacado “que será importante que el recargo del 150% sobre el IBI a los pisos vacíos de grandes tenedores se ejecute de forma efectiva y ágil; que se elabore un censo de bienes inmuebles no puestos en alquiler detallado a nivel local que sirva como base para la puesta en circulación de esas viviendas; y la apertura de oficinas, o disposición de empleo público especializado, para gestionar y fiscalizar estas tareas y ayudar a los usuarios a acceder a los recursos que se pondrán a su disposición”.

Esperanza Gómez cree que “es esencial que la Junta de Andalucía, que no hace ningún esfuerzo por aumentar el parque público de vivienda, apueste y complemente esta Ley para conseguir que mejoren las dramáticas condiciones habitacionales de cientos de miles de familias andaluzas y para que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a un mercado de la vivienda que se les veta desde la crisis del ladrillo”.

Del mismo modo a Esperanza Gómez le preocupa “la alarmante ausencia de estrategias específicas para el establecimiento o la permanencia de la población en el mundo rural, también desde la mejora del acceso y dinamización del mercado de la vivienda en medianos y pequeños municipios no metropolitanos, así como para colectivos concretos como las víctimas de violencia de género, las familias monoparentales, los mayores que viven solos, etc., para los que la administración autonómica debe disponer líneas y planes concretos”.

Nuestra máxima responsable explica que esta serie de propuestas las elaborarán y tramitarán desde sus asambleas locales en primera instancia, las pondrán en común con las plataformas, asociaciones y colectivos que trabajan sobre estas cuestiones, y finalmente las elevarán para ser tratadas en las Comisiones parlamentarias del ramo.

 

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