Nuestra Coordinadora General, Esperanza Gómez, ha mantenido una reunión con responsables de la Federación de Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as, FAMPA, con la intención de poner en común líneas de trabajo contra “el cierre de líneas de primaria e infantil que menoscaba la calidad de la enseñanza que reciben nuestros niños/as y deja huérfanas de una educación digna a muchas zonas de Andalucía”.
Lamentamos que “hasta 529 clases de infantil y primaria se vayan a perder el próximo curso en toda Andalucía, lo que supone la mayor pérdida de recursos de la educación pública desde que tenemos plenas competencias y la constatación de que la planificación arrastrada de administraciones anteriores ha intensificado su preferencia por la educación privada y concertada con el Gobierno de Moreno Bonilla”.
Tras la reunión mantenida con las responsables de la FAMPA y haber visitado varios centros en la provincia de Sevilla, avisa de que “la estrategia de desvío de alumnado a la educación concertada y privada es común en toda Andalucía, por lo que sabemos del resto de provincias, pero especialmente sangrante en capitales como la hispalense, donde hasta 45 aulas públicas y 1.100 plazas se perderán el próximo curso, acaparando la concertada hasta el 42% de las plazas ofertadas, frente al 20% genérico que copa en Andalucía”.
Esperanza Gómez también abunda sobre que “la universalidad, las bajas ratios, las condiciones laborales, y los recursos educativos y humanos concretos para, por ejemplo, alumnos con necesidades específicas, influyen poderosamente en la calidad de la educación que reciben nuestros niños y niñas, y con este debilitamiento continuo de la educación pública lo único que hacemos es incrementar la brecha social en nuestra sociedad”.
También ha puesto en valor la labor de la FAMPA, agradeciendo a sus responsables en Sevilla, Marina Jimenez y Rocio Beginez, “el enorme proceso de control, junto a sindicatos y resto de la comunidad educativa, y frente a la falta de transparencia de la Consejería, del abandono de los recursos educativos y del menoscabo de esas unidades”.
Las representantes dela FAMPA, por su parte, han denunciado hasta coacciones por parte de las responsables territoriales de la Consejería, para tratar de impedir la denuncia de la pérdida de clases, ausencia de inversión o necesidad de recursos educativos y humanos básicos.